Expte. 0306/L/08
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que informe (Art. 102 de la Constitución Provincial), en un plazo de siete (7) días, a través del Ministerio de Justicia, sobre distintos aspectos relacionados a la situación de las cárceles en Córdoba:
1º- Sobre la cantidad de penados que cada Juzgado de Ejecución Penal existente tiene bajo su competencia.
2º- Si ha recibido informes de los Juzgados de Ejecución Penal, o del Tribunal Superior de Justicia, sobre la existencia y resultados de los controles obligatorios relacionados a la verificación y cumplimiento de las normas de sanidad e higiene en los establecimientos carcelarios de la Provincia.
3º- Si lleva el control sobre el cumplimiento de la obligación que a los Jueces de Ejecución Penal les pesa, de asistir cada mes, por lo menos, a los establecimientos penitenciarios de la Provincia, como así también a aquellos lugares donde se ejecuten medidas de seguridad, y si tiene informe sobre los resultados de dichas visitas.
4º- Si de dichos informes ha surgido la constatación de violaciones a los derechos individuales de los internos o recluidos.
5º- Si ha controlado la suficiencia o insuficiencia de los nuevos Juzgados, y si éstos cuentan con los recursos necesarios y suficientes para el cumplimiento de sus fines.
6º- Si en base a la información que haya recaudado, tanto a través de los Juzgados de Ejecución Penal, como de propio Tribunal Superior de Justicia, responsable de la superintendencia y funcionamiento de Poder Judicial, considera como necesario la creación de nuevos Juzgados con la misma competencia.
Fdo.: Dante Rossi – Hipólito Faustinelli – Ana Dressino – Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La cantidad y gravedad de los problemas que se generan en torno al servicio penitenciario de la Provincia, son en número y entidad, altamente preocupantes.
Casi habitualmente sorprenden a la opinión pública, reclamos por parte de los internos de los establecimientos penitenciarios, sendas peticiones por parte de los agentes del sistema, intentos de fuga, amotinamientos etc. Todo lo que contribuye a la situación de inseguridad con la que se convive cotidianamente.
De reciente implementación son los Juzgados de Ejecución Penal, que ante la necesidad fueron creados tras la especificidad y en busca de una solución a ésta particular problemática.
Ya a esta altura, y con la creciente problematización descripta, es hora de tener un balance y evaluación de su funcionamiento, basado en los controles que obligatoriamente deben llevar adelante los magistrados responsables.
Como es de público conocimiento, luego de la sanción de la ley 8917 de creación de los juzgados referidos, pasado más de un año de la misma, se nombraron a los jueces que reemplazaron en funciones a las Cámaras del Crimen y los Juzgados Correccionales.
No dudamos que dicho proceso ha redundado en un avance en relación a ésta problemática, pero tampoco se puede obviar el evidente incremento de la población carcelaria, más los hechos que estallan casi a diario, que dan cuenta de la magnitud del problema. De hecho que el propio Gobernador confesó públicamente no haber considerado a ésta situación como de urgente solución, encontrándose sin planificación para abordarlo.
Una reacción, que sin los elemento de juicio no podemos evaluar, ha sido el reciente ingreso de proyectos para la construcción de cárceles, pero con el condicionamiento de la venta previa de los inmuebles donde residen los actuales establecimientos (Penal de San Martín y Encausados), de ésta ciudad. Sin concluir adelantamos la preocupación de hacer depender una cosa de la otra, pues una situación, una amenaza acuciante, no puede depender de la suerte de un negocio.
De esta manera se torna relevante el conocimiento sobre la evaluación más directa, la que deben haber llevado adelante los primeros responsables del control del funcionamiento del sistema.
Son éstas las razones que tornan fundamental, en el camino de la toma de decisiones, el conocimiento más acabado que se pueda tener sobre la realidad del funcionamiento del sistema carcelario, y las razones por las que solicitamos la aprobación del presente pedido de informes.
Fdo.: Dante Rossi – Hipólito Faustinelli – Ana Dressino – Miguel Nicolás.
No hay comentarios:
Publicar un comentario