viernes, 4 de julio de 2008

Proyecto de Resolución: Pedido de Informe sobre distintos interrogantes relacionados al funcionamiento del Banco de Córdoba S.A.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:


Dirigirse al Poder Ejecutivo para que informe, artículo 102 de la Constitución Provincial, en un plazo de siete días (7), a través del Ministerio de Finanzas, sobre distintos interrogantes relacionados al funcionamiento del Banco Córdoba S.A.:

1- Si en los últimos noventa días el Banco Córdoba S.A. pagó certificados de emisión de obra pública a proveedores del estado, y en su caso, cual fue el monto abonado, discriminado según cada empresa.-.-
2- Si el Banco Córdoba S.A. tiene designados Gerentes a través del sistema de locación de servicios, y para el caso afirmativo, cuantos, en qué sucursales y áreas centrales y cual es la remuneración que perciben.-
3- Si el Gobierno de la Provincia tiene intención de que el Banco vuelva a manos del estado, tal como sucedió con la E.P.E.C.-
4- Si en los últimos noventa días el Banco de la Provincia de Córdoba contrató consultoras externas, y en su caso, citar las denominaciones de las mismas, que actividades cumple cada una de ellas, y el monto percibido o a percibir.-
5- Cantidad de inmuebles del Banco Córdoba vendidos a partir del 10 de diciembre de 2007, ubicación de cada uno, e importe percibido.-
6- Cantidad de inmuebles que el Banco Córdoba alquila en la Ciudad de Córdoba, ubicación de cada uno de ellos, y monto que se abona discriminado por inmueble.-
7- Si se tiene previsto sacar a la venta inmuebles en los cuales funciona el Banco Córdoba, y en caso afirmativo, cuales.-
8- Cual es el monto exigido por el Banco Central de la República Argentina de capitalización del Banco Córdoba para su normal funcionamiento.-


FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
El presente pedido de informes tiene por objeto conocer en forma detallada sobre distintos aspectos que hacen al funcionamiento del Banco Córdoba S.A.-
A pesar de que desde el Gobierno de la Provincia se intenta mostrar la marcha de la economía como pujante, entendemos que ello no es así.- Esta Legislatura aprobó, con la oposición de la Unión Cívica Radical, la posibilidad de que la Provincia se endeude en Quinientos Millones de Dólares, para entre otras cosas, tener la posibilidad de cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones, atento la negación o demora de la administración nacional de enviar fondos adeudados, de acuerdo a lo acordado mediante el convenio de armonización oportunamente suscripto.-
Recordamos también el anuncio de la posibilidad de endeudamiento de la Provincia con un Banco brasileño por idéntica cifra que la mencionada supra.-
De por sí, sólo estos datos hablan a las claras de la crisis por la que atravesamos los cordobeses.- A pesar de ello, y como una muestra más de la misma, el Banco Córdoba S.A. estaría abonando certificados de emisión de obra pública a proveedores que han calificado previamente en dicha institución.-
El gobierno provincial, que es quién contrata las obras públicas, y por ende se constituye en deudor a la finalización de las mismas, no puede hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones financieras, y hecha mano al Banco.-
Esta situación debe ser conocida, y por ende, intentamos mediante este pedido de informes, desentrañar si dicha operatoria se lleva a cabo, y por qué montos.-
En segundo lugar, el Banco Córdoba estaría tomando Gerentes externos, contratados mediante la figura de la locación de servicios, con lo que, amén de violar el convenio colectivo de trabajo y la misma ley de contrato de trabajo, están posibilitando que no se realicen aportes importantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia.- Estamos hablando de sueldos que en general son muy importantes.-
En tercer lugar, intentamos dilucidar cuales son las razones por las cuales el Banco Córdoba no vuelve a la órbita estatal, dejando de ser una sociedad anónima, tal como ocurrió anteriormente con la E.P.E.C.-
En cuarto lugar, requerimos informes respecto a cantidad de consultoras contratadas por el Banco en los últimos noventa días, y cuales son las actividades que desempeñan, en virtud de existir fundadas sospechas –que esperemos sean suficientemente aclaradas- de que las mismas, a través de sus empleados, realizan tareas permanentes, tales como clearing, informática, etc., y no eventuales, que es lo que ameritaría su contratación.-
Por último, intentamos conocer la cantidad de inmuebles que el Banco ha vendido desde el 10 de diciembre pasado, y cuantos ha procedido a locar, en virtud de que entendemos que mediante el plan de desmovilización de activos se está dilapidando el patrimonio de la institución, so pretexto de la capitalización de la entidad, lo que tiene directa relación con la necesidad de alquilar locales o propiedades costosísimas.-
Son éstas las razones, y las que daremos a la hora de su tratamiento en el plenario, las que fundamentan el presente pedido de informes.-

martes, 1 de julio de 2008

23/6/2008. Rossi impulsa créditos del Banco de Córdoba para productores e industrias afectados por la crisis

Proponen ayuda de emergencia para evitar la
pérdida de puestos de trabajo y la crisis de las empresas


Las 20.000 suspensiones aplicadas por distintas industrias radicadas en la Provincia de Córdoba, como consecuencia directa de la crisis con el sector agropecuario, obliga a pensar algún tipo de respuesta y ayuda que permita mitigar los efectos y posibilite una recuperación. Se ha cortado en muchas localidades la cadena de pagos y las distintas empresas o fábricas tienen gravísimas dificultades financieras para hacer frente a los compromisos adquiridos.
El Legislador Provincial Dante Rossi (UCR) propuso la creación de una línea de créditos especiales por parte del Banco de Córdoba a través del “Programa de ayuda financiera para las industrias afectadas por el conflicto del sector agropecuario”, por un plazo de 24 meses, y con intereses compensados por el gobierno de la provincia.
Sin entrar en este momento a discutir las causas del inicio del conflicto, es imprescindible tomar medidas para evitar que los males sean mayores, y se prolonguen en el tiempo. “La provincia tiene antecedentes de promoción a sectores de la producción con la finalidad de captar la radicación de empresas, más allá de la cantidad de mano de obra receptada por éstas. En este momento particular nace el imperativo categórico de intervenir en auxilio de distintos sectores que tienen amenazada su viabilidad, y con esa amenaza, el mantenimiento de miles de puestos de trabajo”.


Fueron la Unión Industrial de Córdoba y las Cámaras empresariales las que denunciaron que a causa del conflicto, más de veinte mil trabajadores fueron suspendidos en Córdoba, o se les adelantaron sus vacaciones. “Qué estamos esperando para hacer algo?”, se preguntó el legislador, quien esta misma semana presentó su proyecto ante la Unicameral. “No cabe al Estado Provincial sólo la compresión de la situación, sino acciones concretas que repercutan positivamente en el mercado”.
Es así como se está proponiendo que mediante la herramienta financiera de la provincia, que es el Banco de Córdoba, se salga en ayuda de las industrias afectadas que demuestren tal situación ante la Junta de Calificación, destinando una línea de créditos a pagar en veinticuatro meses; destinando el gobierno la suma de dos millones de pesos, con la finalidad de compensar los intereses de los créditos otorgados, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.-

Proyecto de Ley: Por el que regula el horario del funcionamiento de los Slots, máquinas traga monedas

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY


Artículo 1º: Las máquinas tragamonedas, juegos slots y de azar electrónicos que funcionen en el ámbito de la Provincia, tienen como horario de apertura y cierre el siguiente: de lunes a viernes de veinte horas a seis horas y sábados, domingos y feriados de doce horas a seis horas.-

Artículo 2º: De forma.-


FUNDAMENTOS:

Sr. Presidente:
La masiva habilitación de salas de máquinas tragamonedas y juegos de azar electrónicos en distintos puntos de nuestra provincia nos revela día a día las consecuencias sociales de su implementación y afectación.
Hoy por hoy la edad de nuevos jugadores ha bajado considerablemente, inclusive afectando principalmente a mujeres que juegan para sostener situaciones psicológicas negativas como angustia, ansiedad y cuadros depresivos, siendo muchas amas de casa las que dejan diariamente en las maquinas el dinero destinado a los alimentos de sus familias, o bien la situación de jubilados que difícilmente llegan con un sustento económico a fin de mes, pero que el contexto social de falta de afectos en el cual están inmersos, los lleva indefectiblemente a quedar atrapados en la oferta del juego.
Si bien no todo jugador es adicto, en muchos casos el juego estimula graves trastornos en la conducta y en la salud física, hasta llegar a la ludopatía misma, considerada como una alteración progresiva del comportamiento que empuja a las personas a una incontrolable necesidad de jugar, integrando la categoría enfermedades sociales, con lo cual quienes lo consideran como un pasatiempo difícilmente la reconocen como una severa patología.
En este sentido y según “Jugadores Anónimos”, “la ludopatía tiene síntomas inequívocos, donde los apostadores compulsivos descuidan su bienestar y el de su familia, le quitan tiempo al trabajo y estudio, o a ambos, juegan por más tiempo del que habían pensado y frecuentemente pierden hasta el último centavo, tienen dificultades para dormir y pueden llegar a cometer un acto ilícito para financiar el juego".
Estadísticamente las máquinas tragamonedas se consideran como las máximas generadoras de adicción porque la velocidad de resolución del juego es casi inmediata; en tanto y sin justificarlas la compulsión por la ruleta, naipes, quiniela o turf resulta considerablemente menor.
Resulta preocupante el contrasentido de un Estado que facilita la instalación de juegos de azar, alentando su uso y luego con la recaudación pretende combatir los problemas del tejido social, en muchos casos corroído por el juego mismo; por lo cual es nuestra responsabilidad diferenciar claramente la oferta del entretenimiento por un lado y por otro la del juego adictivo que repercute negativamente en un amplio sector de la sociedad.
El Estado en ejercicio de su poder de policía y ligado íntimamente al aspecto salubridad, es quien debe brindar soluciones utilizando todos los mecanismos de control posibles, a un problema que aumenta peligrosamente, previniendo de manera permanente e informando claramente a la población con mayor exposición a estos factores de riesgo sobre las consecuencias a las que se expone el potencial jugador compulsivo.
Sin lugar dudas quienes políticamente consideramos que el objetivo del uso del tiempo libre debe a propender al crecimiento psico-físico del individuo, a mejorar su relación con la sociedad, al disfrute del entorno natural, al desarrollo de su apreciación artística en general, entre tantas otras posibilidades que benefician a las personas, mejorando su calidad e vida, chocamos abruptamente ante un Estado que elípticamente es promotor del juego a través de políticas provinciales legitimadas por intendentes, con el fundamento poco sustentable de que lo recaudado por el juego se utiliza en acción social o la falsa promoción de puestos de trabajo laborales siendo que los slots o tragamonedas se operan directamente por el jugador y con dinero en mano.
Resulta imperioso maximizar el marco regulatorio en cuanto a facultades que nos competen, regulando el horario de apertura y cierre de los mismos y evitando su funcionamiento por 24 horas diarias.
Algunos municipios, en ejercicio de su poder de policía, ya ha puesto límites como el que aquí se propone, tal el caso de la ciudad de Villa Carlos Paz, dónde éstos juegos tienen gran relevacia.
Que la autorización de funcionamiento de los tragamonedas, slots etc., está inserto en la ley de incorporación de capital privado Nº 8837, la que en su artículo 61, delega su reglamentación como facultad del Poder Ejecutivo. Más allá de ésta consideración, y ante la obviedad de una situación disvaliosa, corresponde a la facultad de la ley, corregir algunas desviaciones no advertidas, o por lo menos toleradas; en ese sentido es que se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.-


(código)

Proyecto de Ley: Por el cual crea el Programa de Ayuda Financiera para las Industrias afectadas por el conflicto del sector agropecuario

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Programa de Ayuda Financiera para las Industrias afectadas por el conflicto del sector agropecuario

Artículo 1º: Creación. Crease el “Programa de ayuda financiera para las industrias afectadas por el conflicto del sector agropecuario”, en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: Monto. Destinase la suma de Pesos Dos millones ($ 2.000.000) del tesoro provincial, para la creación del fondo del “Programa de ayuda financiera para las industrias afectadas por el conflicto del sector agropecuario”, con la finalidad de compensar los intereses de los créditos otorgados por el Banco de la Provincia de Córdoba a los establecimientos industriales, que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley.-

Artículo 3º: Autorización. Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a

modificar las partidas presupuestarias necesarias para destinar los fondos establecidos en el artículo anterior, como así también destinar hasta un cincuenta por ciento (50%) más del monto establecido para la creación del fondo, para el caso de que la evaluación de la aplicación del programa así lo requiera.-

Artículo 4º: Instrumentación. Instrúyase al Banco de la Provincia de Córdoba para la implementación de líneas de crédito a las industrias afectadas por la crisis del sector agropecuario.-

Artículo 5º: Condiciones. Requiérase como condición para ser beneficiario de del “Programa de ayuda financiera para las industrias afectadas por el conflicto del sector agropecuario”, ser persona jurídica inscripta regularmente en Inspección de Sociedades Jurídicas y en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba; tener empleados inscriptos en los organismos de la seguridad social y demostrar un real perjuicio y afectación por los hechos que son de público y notorio a partir de la sanción del Decreto 125 del 11 de marzo del corriente año del Poder Ejecutivo Nacional.-

Artículo 6º: Créditos. Otorgase a las personas jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo anterior, créditos financieros con motos entre los pesos diez mil ($10.000) y pesos Cien Mil ($100.000), según los perjuicios y afectación demostrados.-

Artículo 7º: Plazo y tasa. Otorgase a través del Banco de la Provincia de Córdoba el crédito antes descripto, a pagar en un plazo de dos años (24 cuotas), a la tasa establecida por el organismo financiero, la cuál será compensada por parte del Gobierno Provincial con los fondos descriptos en el artículo 2 de la presente ley.-

Artículo 8º: Formulario. Entregase por parte del Banco de la Provincia de Córdoba, un formulario conformado que contenga los requisitos establecidos en la presente ley, durante los quince días posteriores a la reglamentación de la presente ley.-

Artículo 9º: Junta de Calificación. Crease la Junta de Calificación de los créditos solicitados, con potestad de negociar los montos solicitados con aplicación del principio de equidad; la que se expedirá dentro de los quince días posteriores a la recepción de formularios, la que estará integrada por dos funcionarios designados por el Sr. Ministro de Industria, Comercio y Trabajo, dos funcionarios designados por el Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos y dos funcionarios del Ministerio de Gobierno.-

Artículo 10º: De forma.-








FUNDAMENTOS:

Sr. Presidente:
El País atraviesa desde hace más de cien días, una crisis sin precedentes provocada por el enfrentamiento de los sectores agropecuarios con el Gobierno Nacional, a causa de las medidas fiscalistas instrumentadas por éste último, en perjuicio del primero, fundamentalmente a partir de la Resolución Nº 125 del 11 de marzo del corriente año.-
Más allá del análisis que se haga del conflicto en sí, que por cierto no ha estado ajeno en el debate de ésta Legislatura, cabe hacer referencia a los efectos producidos por las características de la protesta.
Durante ya más de cien días, a causa de las medidas tomadas por las entidades que agrupan al agro y por el sector de los camioneros, se mantuvieron, con intermitencia, cortadas las rutas de país. Situación que tuvo a Córdoba entre las Provincias dónde éste fenómeno se mostró con mayor intensidad.
Esta situación ha provocado serios inconvenientes a los ciudadanos debido a las grandes dificultades de tránsito de alimentos, combustibles, mercaderías en general e insumos para el funcionamiento de las distintas industrias.
En concreto, la Unión Industrial de Córdoba y las Cámaras empresariales, denunciaron que a causa del conflicto más de veinte mil trabajadores en Córdoba fueron suspendidos o se les adelantaron sus vacaciones. Esto habla de una difícil situación por la que atraviesan distintos sectores de la industria de la Provincia.- Amén de ello, se ha cortado la cadena de pagos, y distintas empresas están soportando una gravísima situación financiera.- Sólo por citar un ejemplo, la semana pasada Industrias Martín Cubero de Dalmacio Vélez cerró sus puertas.-
A esta altura debemos recordar que, si bien la recepción del debate por parte del Congreso de la Nación abre una expectativa positiva en relación a una pronta resolución del conflicto, esto aún no ha ocurrido, razón por la que puede agravarse la situación descripta, y aunque ello no ocurra, los coletazos de la crisis se verán por varios meses más.-
Un informe periodístico da cuenta que las áreas más afectadas por los cortes de ruta, son las industrias directamente relacionadas con el agro, así algunos casos límite como el de la industria del maní, de trascendencia en Córdoba, que en más de un caso ya han cerrado sus puertas, poniendo en peligro los puestos de trabajo de más de trescientos trabajadores.
La desaceleración de la economía es evidente, se calcula una pérdida de dos mil millones de dólares en lo que tiene directa relación con el campo. En el resto de los sectores productivos, si bien la economía ha seguido en crecimiento, en todas las áreas comparadas en igual período del año anterior, el crecimiento ha sido menor.
Si a estas dificultades sumamos la evidente crisis energética, que afecta directamente a amplios sectores de la producción, debemos concluir y aceptar una situación de crisis de magnitud, y con ella, el peligro de miles de puestos de trabajo.
No cabe al Estado Provincial sólo la compresión de ésta situación, sino acciones concretas que repercutan positivamente en el mercado, pues se da la paradoja que mientras el mundo ofrece a nuestro país en general, y a nuestra provincia en particular una oportunidad inusitada, la falta de capacidad gubernamental para articular en los conflictos conviertan una hecho positivo en una seria amenaza.
La Provincia y ésta Legislatura tiene antecedentes de promoción a sectores de la producción en la finalidad de captar la radicación de empresas, más allá de la cantidad de mano de obra receptada por éstas; en éste momento particular nace el imperativo categórico de intervenir en auxilio de distintos sectores que tienen amenazada su viabilidad, y con esa amenaza, la generación de miles de puestos de trabajo.
Los montos para la creación del fondo para el “Programa de ayuda financiera para las industrias afectadas por el conflicto del sector agropecuario”, no crean inconveniente para las finanzas provinciales, y son una necesidad para evitar males mayores e incompresibles en una Argentina con una economía en expansión.
Son éstas las razones, y las que se darán al momento del tratamiento del presente proyecto de ley, las que aconsejan su inmediata aprobación.-

jueves, 12 de junio de 2008

11/06/08 Dudas sobre el cumplimiento de la Ley de Educación

Rossi le asigna tanta importancia, que solicitó precisiones

La democracia en la educación no es solo una expresión de buenos deseos. En Córdoba, está contemplada en la Ley 8113, sobre cuyo cumplimiento hoy surgen algunas dudas. Dicha norma está estructurada sobre el concepto de Comunidad Educativa, y sobre un diseño de organización y gobierno para su funcionamiento. Sin pretender significar una molestia para el Ejecutivo, muy por el contrario, defendiendo los intereses de todos los cordobeses, el Legislador Dante Rossi (UCR) presentó un pedido de informes sobre el funcionamiento del “Sistema Educativo” y el “Gobierno de la Educación”.
La organización del sistema, su estructuración, es lo que garantiza que todos los estamentos estén representados, y asigna las responsabilidades del caso, existiendo la máxima en la figura del Ministro de Educación de la Provincia. La norma prevé que, además de la centralización política y normativa, la regionalización, la desconcentración operativa y administrativa y la participación social, debe primar el principio de democratización de la institución en general.
Si las dudas sobre el funcionamiento del Consejo General de Educación, la conformación de la Comisión Representativa Honoraria y las delegaciones Regionales de Administración Educativa, fueran infundadas, buena oportunidad sería ésta para –después de años de vigencia de la Ley- realizar una evaluación que posibilite hacer correcciones si fueran necesarias. Pero cuán infundadas pueden ser las dudas cuando, por solo citar un ejemplo, la Comisión Representativa Honoraria debe estar integrada, entre otros, por miembros de esta Legislatura, que nunca eligió ni envió a su representante. Los interrogantes solo se esclarecerán cuando los funcionarios responsables del área den las explicaciones del caso.

5/06/08 Piden que la consulta popular por la situación del campo se realice en toda la Región Centro

El Legislador Provincial Dante Rossi (UCR), integrante de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro, junto a su par Carlos Giaveno, propuso que la Consulta Popular sobre el conflicto del campo que pidió días atrás para la provincia, se realice también en Santa Fe y Entre Ríos. Que se lleve a cabo en la misma fecha se lleve en las tres provincias de la Región Centro, consultando a la población si está de acuerdo o no con el sistema de retenciones móviles y la fijación de las mismas en el 44% para la soja y girasol, tal como lo dispuso el Ministerio de Economía de la Nación en la Resolución del 11 de marzo de 2008.

Mediante otro proyecto, en tanto, manifiesta el apoyo al reclamo de los productores agropecuarios de esas provincias, así como instar al Gobierno Nacional a finalizar la emergencia económica nacional, que otorga poderes discrecionales al Gobierno central para resolver a criterio propio, qué hacer con la plata de los ciudadanos.-
Señaló que “la tozudez del Gobierno Nacional ha generado la profundización del conflicto con el sector agropecuario, con consecuencias imprevisibles y sumamente perjudiciales para el país”. Sostuvo que sólo se está buscando generar divisiones entre los argentinos, para lo cual “no trepidan en poner en riesgo la paz social”, sumándose algunos fiscales dependientes del poder central, que avanzan en detenciones que denotan una real persecución a quienes piensan distinto.
“No sorprende que vastos sectores de la sociedad argentina se hayan pronunciado abiertamente a favor del campo, hartos de un modelo de país que desprecia el diálogo y la búsqueda de consensos, y que pisotea el federalismo”.
Recordó que la Provincia de Córdoba envía a la nación en concepto de retenciones más de 2.500 millones de dólares, y es palpable que ese dinero no vuelve en obras, situación que se repite en Santa Fe y Entre Ríos.-
“Frente al agravamiento de la situación, ha llegado la hora de que oficialismo y oposición de las tres provincias, se pongan de acuerdo para hacerle entender al gobierno nacional que debe retrotraer la situación a la existente antes del 11 de marzo. No se busca sacar rédito político de una situación, sino que entre todos encontremos los mejores mecanismos para que la presidenta escuche al pueblo”.-

27/05/08 Hospitales públicos: otra preocupación del legislador Rossi

Las distintas dificultades que atraviesan los Hospitales Públicos, y que por ende, afectan la salud de la población, siguen siendo preocupación del Legislador Provincial Dante Rossi (UCR). En esta oportunidad, está solicitando por la vía legislativa la re provincialización del Hospital Municipal de Serrezuela, así como información acerca de la distribución de medicamentos y/o insumos desde el Hospital Regional de Río IV.
Destacó Rossi que el Poder Ejecutivo ha comenzado con el proceso de volver a la órbita provincial los hospitales de Huinca Renancó, Unquillo y Mina Clavero, por considerar que, dependiendo de la comuna, no alcanzan a satisfacer la demanda de los usuarios. “El Hospital Municipal de Serrezuela, por estar enclavado en una de las zonas más castigadas por la pobreza y la falta de trabajo de sus pobladores, debe correr la misma suerte”, subrayó el legislador. Y añadió que el bloque de la Unión Cívica Radical se ha manifestado en ese mismo sentido respecto de otros nosocomios municipales, agregando ahora el de Serrezuela.


Respecto de la situación del Hospital Regional de Río IV, remarcó que la falta de entrega de medicamentos de alto costo a pacientes bajo tratamiento, así como de profesionales, es muy grave. “Es por esta razón que le solicitamos al Ministerio de Salud que nos informe cuál es la situación real por la que atraviesan los pacientes que dependen administrativamente del Hospital de Río IV, en la recepción de los medicamentos para Diabetes, Oncológicos Psiquiátricos, etc.. “
Planteó Rossi su profunda preocupación porque el Estado, responsable de suministrar los medicamentos, retrace o no los entregue aduciendo falta de fondos o falta de recepción desde la Nación. “No cabe ninguna duda que el principal responsable es el Estado Provincial para gestionar ante quien corresponda, con el fin de lograr la regularidad de las entregas, ya que el salteo de una entrega, puede significar un retraso irreversible de un tratamiento con consecuencias imprevisibles.”

16/05/08 Identidad Radical denuncia manipulación en el proceso electoral interno

La nueva postergación de plazos en el proceso electoral interno de la Unión Cívica Radical, en este caso para la presentación de listas, es cambiar las reglas de juego a mitad del camino. La corriente Identidad Radical, que orienta Carlos Becerra, denunció la manipulación que se está realizando con los plazos electorales, con el evidente objetivo de favorecer al oficialismo partidario.
El sector, por medio de su apoderado, presentó hoy viernes una nota ante la Junta Electoral, manifestando su preocupación y disconformidad por la modificación de los plazos dispuesta por la autoridad partidaria.
Asimismo, hace saber que ante los infructuosos intentos de acordar bases que permitan arribar a una lista de unidad, mantiene firme la candidatura del Legislador Dante Rossi a presidente del Comité Central de la Provincia. Que la única manera de acordar una lista de unidad, es sobre la base de acuerdos que hagan previsible en su accionar a la Unión Cívica Radical, defendiendo su identidad y rechazando un eventual acercamiento con cualquiera de las variantes del peronismo, sea Unión por Córdoba o el sector que lidera Luis Juez.

14/05/08 Piden que se llame a Consulta Popular sobre el conflicto del campo

“Es hora que la gente pueda expresarse, y que la presidenta la escuche. En Córdoba debe haber una consulta popular sobre el conflicto del campo”, sostuvo el legislador provincial Dante Rossi (UCR). Lo hizo luego de presentar el proyecto en la Unicameral, suscripto por la totalidad del bloque Radical, para que se convoque a una Consulta Popular para que la población se expida “si está de acuerdo con el sistema de retenciones móviles y la fijación de las mismas en el 44 % para soja y girasol, tal como lo dispuso el Ministerio de Economía de la Nación en la Resolución del 11 de marzo pasado”. La iniciativa prevé como fecha de realización de la consulta el día 27 de julio.

Como ya lo ha dicho en otras oportunidades el legislador, sostiene en sus argumentos que la tozudez del Gobierno Nacional ha generado la profundización del conflicto con el sector agropecuario, con consecuencias imprevisibles y todas sumamente perjudiciales para el país.
Remarca que “la provincia de Córdoba envía a la Nación en concepto de retenciones más de 2.500 millones de dólares, y es palpable que ese dinero no vuelve en obras. Frente al agravamiento de la situación, ha llegado la hora de que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo para hacerle entender al gobierno nacional que debe retrotraer la situación a la existente antes del 11 de marzo.”
Destaca Rossi que los sectores vinculados al campo han manifestado su voluntad de volver al diálogo, pero no para soportar un sistema de retenciones móviles que son confiscatorias. A la vez que vastos sectores de la sociedad argentina se han pronunciado abiertamente a favor del campo, hartos de un modelo de país que desprecia el diálogo y la búsqueda de consensos, y que pisotea el federalismo.
Ante este escenario, sería muy valioso e importante consultar al pueblo de la Provincia de Córdoba, utilizando un instituto de la democracia semidirecta previsto por la Constitución Provincial, como es el de la consulta popular. El artículo 32 de la Constitución Provincial expresa que “Todo asunto de interés general para la Provincia puede ser sometido a consulta popular”.- Y vaya si este conflicto con el campo tiene interés para la Provincia.-

Proyecto de Resolución: Poder Ejecutivo Provincial informe sobre los siguientes aspectos referidos al funcionamiento del gobierno de la educación.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que informe (Artículo 102 de la Constitución Provincial) a través del Sr. Ministro de Educación, responsable según la ley del funcionamiento del “Sistema Educativo” y del Gobierno de la Educación”, sobre los siguientes aspectos referidos al funcionamiento del gobierno de la educación y demás normativa correspondiente a la ley del ramo.-



1º.- Si está funcionando el Consejo General de Educación. Si éste ha respetado la composición legal. Si tiene días de reuniones y cuáles son y sobre los últimos dictámenes del mismo.
2º.- Cuál es la remuneración de los cargos electivos del Consejo General de Educación.
3º.- Cuáles son los gastos de financiamiento del mismo.
4º.- Si está conformada la Comisión Representativa Honoraria prevista en la Ley de Educación, y sobre cuál es su actual composición.
5º.- Sobre la formación y existencia de las Delegaciones Regionales de Administración Educativa, prevista en la Ley de Educación.
6º.- De existir, sobre la evaluación que se viene realizando sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno de la educación y en general sobre el funcionamiento del sistema educativo.-




FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
La Ley de Educación de la Provincia de Córdoba, está estructurada sobre el concepto de Comunidad Educativa, y sobre un diseño de organización y gobierno para su funcionamiento.
Una serie de principios de organización del sistema son los que dan lugar al buen funcionamiento del mismo. Así además de la centralización política y normativa, la regionalización, la desconcentración operativa y administrativa y la participación social, debe primar el principio de democratización de la institución en general.
Precisamente éste último, es el que da base a la estructuración del gobierno de la educación según la ley, razón por la que la garantía de su funcionamiento, es a la vez la garantía de viabilidad del sistema en los términos que lo determina la ley.
Asimismo, como todo sistema que ya lleva varios años de funcionamiento, debe permitir una evaluación que nos posibilite hacer correcciones si fueran necesarias. Los pedidos de informe, alejado de la idea de molestia para el Ejecutivo, están previstos para mejor legislar del órgano legislativo.
En función de estas ideas es que se solicita al responsable de su funcionamiento, al Sr. Ministro del área, las evaluaciones que permitan el descubrimiento de éstas necesidades.
Es por esta razones, con un claro propósito reformista, que solicitamos su pronta aprobación para contar con información trascendente en el corto plazo, por lo que solicitamos su aprobación por parte del cuerpo.-

Foro CEC

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