Los daños que el uso de herbicidas y agroquímicos provocan en quienes viven en zonas cercanas a las fumigadas, y los conflictos en que deriva la defensa de los derechos de los pobladores, ameritan revisar la normativa vigente. Debe buscarse una regulación que resguarde la integridad física y la salud de las personas, atendiendo al notable incremento de la superficie sembrada con soja en la provincia. La ley actual ha quedado sumamente desactualizada y es necesario ajustar a las nuevas tecnologías el uso controlado de productos agroquímicos que afectan la salud humana y pueden generar daños, en muchos casos irreversibles, sobre el medio ambiente.
El Legislador Provincial Dante Rossi (UCR) presentó esta semana un proyecto para modificar la Ley 9164 y establecer la distancia mínima que debe existir entre la superficie fumigada y los centros poblados, escuelas y cursos de agua. El contacto con el glifosato repercute sobre la piel, vías respiratorias y la vista de las personas; y un estudio reciente ha mostrado que también podría causar la muerte de embriones, placentas, y células umbilicales humanos in vitro aún en bajas concentraciones.
Y si bien hay localidades de la provincia que han dictado normas para protegerse frente al uso de agrotóxicos, el hecho que vayan más allá que lo que preven las provinciales les han valido fallos judiciales en contra. “No podemos mirar hacia otro lado cuando se está poniendo en riesgo la salud de la población y el medio ambiente. Hay que actuar en consecuencia”.
La historia es conocida y se repite en cada rincón de la provincia donde se aplica en forma intensiva el paquete tecnológico de la soja transgénica y el glifosato. Periódicamente los vecinos de distintas comunidades rurales se movilizan para enfrentar las consecuencias de este modelo productivo que viene transformando la realidad económica, social, ambiental y política de nuestra región. La principal preocupación surge por el efecto que pueda tener sobre la salud de las personas la aplicación de productos agrotóxicos en cercanías de las viviendas, escuelas o cursos de agua. Mediante este proyecto se establecen prohibiciones para el uso de contaminantes a una distancia de 3,000 metros de poblaciones rurales, entre otras medidas, tratando de protegerlas de graves consecuencias provocadas por el uso cada vez intensivos de productos agroquímicos.
Estas modificaciones proponen un ordenamiento territorial de la aplicación de agroquímicos, tratando de preservar la salud de los ciudadanos cordobeses, con la intención a su vez, de impedir que continúen estos enfrentamientos.
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Imagen: www.adn.es
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