LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º: Anulase la aplicación retroactiva del Decreto N 317/09, modificatorio de los Artículos 18 y 72 del Decreto 3999/E/67, de la orbita del Ministerio de Educación de la Provincia.-
Artículo 2º: Dispóngase la aplicación a los antecedentes realizados y presentados con posterioridad a la de su entrada en vigor, el 1º de abril del año 2009.-
Artículo 3º: Ordenase al Ministerio de Educación de la Provincia, y a través de este a la Dirección que corresponda, la formación de los ordenes de mérito correspondientes a los concursos docentes para Titulares, Suplentes e Interinos, con la aplicación de las reglas instituidas en la presente ley.-
Artículo 4º: Es de forma.-
FUNDAMENTOS:
Sr. Presidente:
El día 24 de marzo de 2009, la Administración Provincial, a través del Ministerio de Educación de la Provincia, modificó las valoraciones otorgadas a los antecedentes docentes, para los concursos a través de los cuales, los mismos participan con la finalidad de adquirir cargos de titulares, suplentes e interinos.
Que se trata del Decreto 317/09, modificatorio de los Artículos 18 y 72 del Decreto 3999/E/67.
A través de dichas nuevas pautas, la Administración modifica su política de atribución de puntos y valoración de antecedentes, lo que es totalmente legítimo y compartimos.
Lo irregular en este sentido, es la aplicación retroactiva de dicha normativa, que vulnera claramente los preceptos de prohibición de aplicación retroactiva de la ley, tal lo establece el Artículo 3º del Código Civil de la Nación.
La modificación de la política educativa y los instrumentos a través de los que se lleva a cabo, no son objeto de disputa; pero aplicar dichos cambios a las carreras docentes, desarrolladas durante toda su vida profesional, es además de una ilegalidad que afecta claros derechos de corte constitucional, también una irracionalidad que genera injusticias que marcan la vida profesional de miles de efectoras del sistema de educación de la provincia, lo que debe ser salvado por el cuerpo legislativo.
Es de recordarse que, todos los antecedentes producidos por las docentes, han tenido el contralor y el incentivo de la autoridad, en este caso el Ministerio de Educación, a través de sus direcciones específicas.
Cada antecedente, además de responder a las exigencias de la norma en cuestión (Decreto 3999/E/67), ha contado con autorización de la Junta de Formación Docente Continua, la que tiene un complejo sistema de aprobación valoración de la formación ofrecida.
Que como es de público conocimiento, desde este ámbito dependientes del Ministerio en cuestión, se ha alentado una formación, que sin dudarlo, respondía a los lineamientos en el Poder Ejecutivo ha delineado durante muchos años, en materia de política educativa.
El cambio brusco generado, es comprensible en su aplicación futura, pues es legítimo que quien advierta falencias en los resultados de ciertas políticas, tienda a cambiarlos, lo que no es ni legítimo y además es absolutamente ilegal, es que se trastoquen los antecedentes producidos durante toda la vida profesionales de las docentes provinciales, y con ello vulnerando necesariamente, derechos adquiridos.
A partir de allí se han generado sendas injusticias, pues esta revalorización ilegal, relega todas las posibilidades laborales de quienes año a año, no solo participan de los concursos, sino que vienen trabajando en carácter de suplentes o interinas.
La cuestión no ha sido pacífica, pues es de público conocimiento que las docentes están movilizadas en gran número, como que también en todos los tribunales a lo largo y a lo ancho de la Provincia, existen presentaciones judiciales para tratar de revertir esta situación de flagrante injusticia.
A todos los poderes del Estado nos corresponde armonizar en los conflictos.
Esta es una oportunidad en que el Legislativo debe advertir al Ejecutivo que su actuar está transitando por fuera del marco de ley, y de esa manera evitar una arbitrariedad que se erige sobre la buena fe de los docentes provinciales.-
El Ejecutivo no puede alentar actitudes primero, y luego pisotear sus resultados porque tuvo una idea mejor. Para eso está el derecho por cierto, pero también los representantes del pueblo, quienes necesariamente debemos intervenir para poner una situación desquiciada, en un quicio necesario.
Por estas razones, y las que daremos al momento del tratamiento de la presente iniciativa de ley, es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares.-
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