Preocupado por la situación de la educación en general, y los docentes en particular, el Legislador Provincial Dante Rossi (UCR) solicitó hoy a los Legisladores Nacionales por Córdoba, mediante un proyecto de declaración, que breguen por la continuidad y actualización del Incentivo Docente, y porque se aumente el presupuesto para educación, asignando el porcentaje sobre el Producto Bruto Interno real y no el que calculan en función de las previsiones.
El Incentivo Docente –que por cierto ha quedado totalmente desactualizado- se implementó merced a una ley que le asignó una vigencia de 5 años. Fue renovada, el nuevo plazo vence en este 2009 y lo que demanda Rossi es que pase a ser permanente y con la progresiva incorporación al básico del salario, incorporando además una cláusula de actualización.
Un aspecto central del mejoramiento de la educación pasa por buenos salarios para los docentes. Que el incentivo docente no se haya modificado en 5 años habla muy mal de la consideración que se tiene de los educadores del país. “Cuando debe discutirse nuevamente la vigencia de esta ley, entendemos como muy importante que Córdoba marque el reclamo por el establecimiento del incentivo docente con carácter permanente, aumentando su monto, con fijación de cláusula de actualización, e incorporándolo progresivamente al básico del salario.”
Asimismo, Rossi –por medio de otro proyecto de declaración- reclama a los Legisladores Nacionales por Córdoba que arbitren los mecanismos necesarios a los efectos de que la previsión del artículo 9 de la Ley 26.206 – Ley de Educación Nacional- , que hace referencia al cálculo del seis por ciento (6%) del Producto Bruto Interno que debe destinarse a educación (que se computa sobre lo presupuestado año a año), se complete con lo efectivamente verificado.
La realidad indica que el cálculo del mencionado porcentaje se lleva a cabo teniendo en cuenta lo presupuestado. Lo que sucede es que al momento de verificar la ejecución presupuestaria, puede comprobarse un incremento de ese índice que no se traduce en mejoras para la educación. La propuesta es que se reclame que se cumpla el piso del 6 % del Producto Bruto Interno destinado a educación, teniendo en cuenta lo efectivamente computado a la finalización del año, debiendo hacerse los aumentos presupuestarios respectivos.
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