“Lo preocupante es que la ausencia de previsión y envío de insumos ha generado un incremento de embarazos no deseados en zonas marginales”. Con esta contundente frase, basada en cifras que surgieron de un relevamiento realizado por distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el Legislador Provincial Dante Rossi (UCR) justifica –entre otros argumentos- el pedido de informes presentado esta semana.
En la Provincia de Córdoba hay más de 100 mil mujeres participando del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y cerca de un millar de centros de salud que lo brindan. Sin embargo y a pesar del éxito del mismo, en 95 centros de salud municipales de la Ciudad de Córdoba, el acceso a distintos métodos anticonceptivos se presenta de manera discontinua. En el interior de la provincia el cuadro es más precario aún, ya que no cuentan en su mayoría con especialistas en ginecología. Y en las comunidades rurales, la situación sanitaria es mucho más compleja y con mayores dificultades en los servicios.
Indudablemente que la falta de trabajo articulado entre la Provincia, Municipios y Nación en materia de salud reproductiva genera preocupantes consecuencias entre los destinatarios de los programas en cuestión.
La discontinuidad se presenta particularmente en los métodos con pastillas anticonceptivas, que son los más demandados. De allí que se requiera de la provincia información sobre los períodos en los cuales se ha interrumpido la provisión de anticonceptivos en los Hospitales Provinciales, desde la entrada en vigencia de la Ley 25673. Asimismo, las medidas implementadas ante tal anomalía por los responsables del Ministerio de Salud, a los fines de evitar los riesgos de concepción no deseada en la población.
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