LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE
En los términos del artículo 101 de la Constitución Provincial, hacer comparecer al Sr. Ministro de Gobierno, y al Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, al seno de las Comisiones de Salud Humana y Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, en un plazo perentorio no mayor a 15 días, a los fines de informar sobre los siguientes puntos:
1- Informe y explique a esta Legislatura medidas administrativas y/o legales adoptadas en el instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD) frente a las irregularidades denunciadas por el programa televisivo “ADN”;
2- Si con motivo del ingreso sin control de sustancias ilegales, los responsables de dicho Instituto han tomado medidas conducentes a optimizar los mecanismos de control;
3- Si se ha determinado la cadena de responsabilidades de las personas físicas dependientes del ingreso de sustancias ilegales, así como también si se han adoptado medidas tendientes mejorar las condiciones edilicias del centro de referencia;
4- Informe de manera pormenorizada cantidad de personas, diferenciadas por edades, sexo, patología, tratamiento recomendado y duración del mismo en la “Casa del Joven” y el “IPAD” desde el mes de enero del año 2009 y hasta la fecha de su comparecencia.
5- Para el caso de que todavía no se hayan determinado las personas responsables, si se han iniciado las actuaciones respectivas a los fines de su determinación. Indique avance de las mismas;
6- Explique Programas en grado de ejecución en el año 2010 cuyo objetivo sea la prevención en materia de drogadicción, componente presupuestario, humano y estado en su implementación, dispuestas por la Secretaría de Prevención de la Drogadicción bajo la gestión del titular Juan Carlos Mansilla;
7- Medidas adoptadas a tenor del informe por el ex Secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, Dn. Sebastían García Diaz entre los meses de noviembre y diciembre del año 2009 al Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba, por el que se alerta sobre el crecimiento del narcotráfico en la Provincia, la “fabelización” de algunos barrios y la necesidad de exigir al Gobierno Nacional un Plan de Lucha contra el Narcotráfico.
8- Delegaciones creadas y en funcionamiento a partir de las disposiciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 9600, determinando sedes, responsables a cargo, y planes implementados, con grado y estado de ejecución.
9- Toda otra información que sea considerada de interés a los fines de esclarecer sobre la temática en la Provincia de Córdoba.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El incremento de los índices de adicción en la Provincia de Córdoba, la baja de edad de los niños en el inicio del consumo de drogas, la falta de centros de rehabilitación suficientes, y la crisis por la que atraviesan los ya existentes es materia corriente en la Provincia, carente prima facie de una política pública eficaz en dicha materia.
Esta realidad ha quedado evidenciada por innumerables investigaciones y notas periodísticas, estudios especializados, los que en su totalidad demuestran la preocupante situación que atraviesan miles de familias devastadas debido al consumo por parte de algunos de sus integrantes.
Frente a esta realidad es el Estado quien debe garantizar la implementación de una política pública destinada a la prevención, asistencia en materia de drogadicción, más aún si tenemos en cuenta la decisión adoptada por el actual Gobernador Schiaretti cuando crea la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, quien entre sus funciones tiene la de asistir al Poder Ejecutivo en la planificación, la programación y las acciones a llevar adelante en materia de política de prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico en el ámbito de la Provincia de Córdoba, o la de prestar colaboración, llevando adelante políticas, programas y acciones conjuntas y coordinadas con las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales en materia de prevención de las adicciones y lucha contra el narcotráfico;
Estas funciones demuestran prima facie que existió al menos, formalmente la idea de formular e implementar planes y programas de asistencia tendientes a la recuperación, reeducación y rehabilitación en centros e instituciones públicas y privadas de víctimas de la drogadicción.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 9600 somos tristes espectadores del fracaso de la misma, ya que sus grandilocuentes objetivos no han podido llevarse a cabo o implementarse, colapsando incluso los centros hospitalarios públicos, los cuales se ven desbordados con una sobrepoblación que requiere de manera urgente atención especializada.
En el corriente mes hemos observado absortos, como en centros de atención de salud mental públicos, particularmente el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, teóricamente centro “modelo” en la atención a personas que sufren de serias adicciones la adquisición para consumo de drogas es materia corriente, siendo pública la situación para los profesionales que prestan sus servicios en dicho nosocomio.
Estamos requiriendo por parte de los funcionarios responsables, de todas aquellas explicaciones tendientes a acceder en profundidad no solo a las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo Provincial, sino también la real dimensión del problema.
Por estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente Proyecto de Resolución, es que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
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